Nuevas Reglas CTA para empresas declarantes

Nuevas Reglas CTA para empresas declarantes

Las nuevas reglas bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) ahora requieren que las corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades informen sobre los beneficiarios finales entre otra información, a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Por esta razón es importante que las empresas involucradas se comuniquen con asesores legales con experiencia en esta área y con otros proveedores de servicios directamente involucrados en la formación o registro de entidades legales para ayudar a cumplir oportunamente con los nuevos requisitos de informes sobre beneficiarios reales según la ley CTA.

Este requisito se promulgó como parte de la Ley contra el lavado de dinero en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021. La Ley CTA tiene como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el crimen organizado y otros delitos financieros al exigir que corporaciones, compañías de responsabilidad limitada (LLC) y otras entidades formadas o registradas en los EE. UU. informen oportunamente sobre sus beneficiarios finales y sobre su empresa. La ley CTA autoriza a FinCEN mantener una base de datos de información sobre sus Beneficiarios Finales (BOI) que no es pública y centralizada, accesible a las agencias de aplicación de la ley, agencias de seguridad nacional e instituciones financieras. 

Las “empresas declarantes” deben presentar informes BOI ante la FinCEN dentro de plazos específicos. Hay dos categorías de empresas declarantes: empresas declarantes nacionales y empresas declarantes extranjeras. Las compañías nacionales incluyen corporaciones, LLC y cualquier otra entidad creada mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado u oficina similar o tribu indígena. Las compañías extranjeras incluyen corporaciones, LLC u otras entidades formadas bajo la ley de un país extranjero que están registradas para hacer negocios en cualquier jurisdicción estatal o tribal.

La norma de presentación de reportes incluye más de 20 excepciones de presentación de reportes BOI para ciertos tipos de entidades. Muchas de las excepciones son para entidades que ya están sujetas a regulaciones importantes por parte de agencias gubernamentales federales o estatales. Las reglas de presentación de reportes BOI son complejas y plantean muchas preguntas legales con respecto al alcance y la interpretación de las diversas definiciones y excepciones. Por esta razón se enfatiza que es muy importante que las empresas involucradas se comuniquen con asesores legales con experiencia en esta área. 

Ya sea que se trate de un emprendimiento que busca una forma rápida y económica de presentar documentación, una organización más establecida con múltiples empresas o una empresa con diferentes niveles de propiedad, es extremadamente importante obtener apoyo legal con soluciones que lo ayudarán a cumplir la ley con rapidez y eficientemente.

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Organizaciones opinan en relación a recopilación de datos para el Reporte BOI

Organizaciones opinan en relación a recopilación de datos para el Reporte BOI

Diversas organizaciones han opinado sobre los formularios de presentación de informes propuestos por FinCEN respecto a la información de identificación requerida por ley para cada beneficiario final. Como se ha declarado oficialmente, la ley de Transparencia Corporativa (CTA) incluye en su requerimiento, la identificación de un beneficiario final.

La Coalición FACT (The Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition), en su comunicado de prensa sugiere que FinCEN debería implementar los siguientes cambios en su estructura de identificación del beneficiario final, basados en el lenguaje claro y sencillo de la Ley CTA:

  • Eliminar y revisar los obstáculos problemáticos que complican el uso del directorio por parte de las autoridades estatales, locales y tribales de EE. UU., incluyendo el requisito infundado de que las autoridades pertinentes obtengan una “orden judicial” para acceder al directorio.
  • Aclarar el papel que desempeñarán FinCEN y otras autoridades al otorgar acceso a los usuarios autorizados del directorio: específicamente, FinCEN no debe asumir roles legales y administrativos sustantivos al aprobar el acceso al directorio caso por caso que no estén contemplados por la Ley CTA. 
  • Asegurarse de que la información enviada a FinCEN se ajuste a las mejores prácticas de datos, incluyendo que esté validada y verificada, para implementar fielmente el requisito de la Ley CTA de que la información sea precisa, completa y altamente útil.
  • Cumplir con el propósito declarado en la Ley CTA contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo (AML/CFT) y la aplicación de sanciones al permitir que las instituciones financieras accedan a información sobre beneficiarios reales de conformidad con sus responsabilidades más amplias de AML y de detección de sanciones, en lugar de restringir los criterios de autorización para acceso a un subconjunto reducido de actividades de diligencia debida del cliente.
  • Eliminar restricciones onerosas, que carecen de base legal, sobre socios extranjeros confiables que acceden a la información a través de una solicitud de una agencia estadounidense, para facilitar mejor el intercambio de información para investigaciones y procesamientos internacionales.

En respuesta a todas las críticas presentadas, el director interino de FinCEN, Himamauli Das, testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre el progreso de la agencia en referencia a la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa. En su testimonio, el director interino de FinCEN dijo: “Escuchamos alto y claro la importancia de la validación y estamos de acuerdo con la importancia de la validación. Hay consideraciones legales, consideraciones de costos y luego también una serie de preguntas con respecto a cómo implementar esta validación”. 

El testimonio del director interino no dejó claro cómo FinCEN intentaría validar los datos del reporte BOI presentados por las empresas informantes. En teoría, FinCEN podría validar estos datos de varias maneras. El reporte BOI de una empresa que informa está enviado por un alto funcionario de la empresa que informa bajo pena de perjurio. Entonces, en un sentido significativo, el funcionario que presenta el informe está validando la exactitud de los datos mediante el mismo acto de presentar el informe. 

Adicionalmente, podría ser posible que FinCEN compare ciertos puntos de datos con otras fuentes oficiales de información. Por ejemplo, el nombre y la dirección residencial de un beneficiario efectivo podrían compararse con las declaraciones de impuestos disponibles en los registros del IRS para el beneficiario real. Sin embargo, actualmente no existe una vía regulatoria para ese tipo de verificación cruzada y los datos recopilados en el reporte BOI no incluyen el número de seguro social del beneficiario final.

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¿Cómo FinCen Valorará la Información Entregada en el Reporte BOI?

¿Cómo FinCen Valorará la Información Entregada en el Reporte BOI?

Tomando en cuenta los informes emitidos por FinCEN desde que la ley de Transparencia Corporativa (CTA) entró en efecto el 1 de enero de 2024, FinCEN establece que una empresa informante debe presentar un reporte BOI identificando a cada uno de sus beneficiarios finales. El reporte debe proporcionar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección residencial, un número de identificación único (como una licencia de conducir o pasaporte) y una imagen del documento que contiene el número de identificación único, por cada uno de los beneficiarios finales. 

Las empresas que existían antes del 1 de enero de 2024 tendrán un año para presentar su primer informe. Las empresas constituidas a partir del 1 de enero de 2024 deberán presentar su primer informe dentro de los noventa días posteriores a su constitución. 

FinCEN recopilará la información del reporte BOI de las empresas declarantes en una base de datos masiva. Según la regla de acceso propuesta, FinCEN pondrá los datos del reporte BOI a disposición de las autoridades estadounidenses, los bancos estadounidenses y ciertas agencias extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley con el fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

Debido al método que ha presentado FinCEN para la recopilación de datos, éste ha recibido críticas de sectores por no implementar un sistema para validar los datos recibidos en el reporte BOI de las empresas informantes. 

El estatuto de la Ley CTA exigía que FinCEN adopte regulaciones que no sólo recopilen datos del reporte BOI, sino que también serían “muy útiles (en) confirmar” la información sobre beneficiarios finales reportada por bancos e instituciones financieras bajo las reglas de Proceso de Investigación del Cliente (“CDD”) ya implementadas por FinCEN. 31 U.S.C. 5336(b)(F)(iv)(II). 

Grupos de interés como la Coalición FACT (The Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition) han argumentado que FinCEN necesita hacer más que simplemente recopilar datos del reporte BOI. Sus directivos afirman que también se necesita validar los datos obtenidos. Como señaló Ian Gary, el director ejecutivo de FACT: “La Ley de Transparencia Corporativa representa casi una década de trabajo incansable por parte de un grupo bipartidista de legisladores, expertos y defensores, y su aprobación en 2021 fue la victoria legislativa contra el lavado de dinero más sustancial de esta generación. Para hacer realidad la promesa de este logro, es absolutamente fundamental que FinCEN realice cambios importantes en el camino hacia una implementación fiel». 

En teoría, FinCEN podría validar estos datos de varias maneras. El reporte BOI de una empresa que informa está enviado por un alto funcionario de la empresa que reporta bajo pena de perjurio. Entonces, en un sentido significativo, el funcionario que presenta el informe está validando la exactitud de los datos mediante el mismo acto de presentar el reporte. 

Es posible que FinCEN espere para validar los datos del reporte BOI hasta que se complete el primer año de presentación de informes el 1 de enero del 2025. De esta manera se podría tener una mejor comprensión del nivel de cumplimiento y una mejor capacidad para pronosticar cómo podría funcionar un sistema de validación. 

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Los directores de empresas son considerados como beneficiarios finales

Los directores de empresas son considerados como beneficiarios finales

Conocemos ya que una empresa que realiza su reporte de Informe de Beneficiarios Finales (BOI) de acuerdo con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) tiene la obligación de identificar a cada uno de los miembros de su junta directiva (o directores) como beneficiarios finales. Aunque las regulaciones de FinCEN no exigen que una empresa declarante incluya a todos los miembros de la junta directiva como beneficiarios reales, existen algunas consideraciones prácticas que se deben considerar para elaborar el reporte.

Según la Ley CTA, una empresa que presenta el reporte BOI, debe incluir la identificación de cada uno de sus beneficiarios finales. Un beneficiario efectivo es cualquier individuo que directa o indirectamente posee el 25% o más de la participación en la propiedad de la empresa que está emitiendo el informe, o que ejerce un control sustancial sobre la empresa. Los miembros del consejo de administración de una empresa no ejercen automáticamente un control sustancial en virtud de su función como directores. 

De acuerdo a la información presentada por FinCEN en Preguntas Frecuentes D.9, se establece expresamente que un miembro del consejo de administración de una empresa que informa no siempre necesita ser identificado como beneficiario final. Y, sin embargo, no existe ninguna disposición en las regulaciones de FinCEN que describa las circunstancias bajo las cuales se debe identificar a un director. En la definición de “control sustancial” dentro de la subsección (c), se establece que un individuo tiene control sustancial (y por lo tanto es un beneficiario final) si este individuo “tiene influencia sustancial sobre decisiones importantes tomadas por la empresa que reporta”. 

El contenido de la explicación en Preguntas Frecuentes D.9 indica que “si un director en particular cumple con alguno de estos criterios (de control sustancial), es necesario que la empresa que informa deba considerarlo director por director”. Esta conclusión se desprende del reglamento, pero no da una contestación directa al concepto de “influencia substancial”. Las interpretaciones que sugieren identificar sólo a un miembro de la junta directiva que tiene poder de disposición o poder de veto, crean una prueba de línea clara, pero no están respaldadas por la regulación. 

El reglamento no dice que un miembro del directorio es un beneficiario efectivo sólo cuando tiene el poder de determinar o vetar una decisión importante. En el reglamento se da referencia a una “influencia sustancial” sobre una decisión importante. No hay nada en el reglamento que señale que un miembro “controlador” de la junta directiva sea un beneficiario efectivo, pero un miembro “pasivo” de la junta directiva no lo es. No existe una manera objetiva para determinar cuando un director actúa de forma independiente, mientras otro actúa de forma pasiva. Esta falta de orientación regulatoria es particularmente grave si se considera el impacto que causaría el adivinar mal. 

En un proceso de reporte BOI que esté potencialmente defectuoso, el acusado argumentará que realizó una estimación seria y juiciosa de los hechos y circunstancias. El fiscal instará a que los mismos hechos simplemente demuestran complicidad y manipulación de la información deliberadamente realizadas por el acusado. Un acusado que necesita demostrar la ausencia de una omisión “deliberada” de revelar su caso tendrá dificultades para obtener una desestimación previa al juicio, incluso con la documentación más sólida en un proceso de decisión interno honesto.

La falta de una indicación oficial para poder determinar qué directores tienen una influencia sustancial sobre las decisiones importantes, implica la necesidad de tener un enfoque conservador. Si no existe un margen de tolerancia regulatorio para excluir a un director en particular, entonces la única regla libre de riesgos es aquella que incluye a todos los directores.

Basado en esta información, podemos anotar que el enfoque más prudente para presentar un reporte BOI, es incluir a cada miembro de la junta directiva como beneficiario final.

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Prioridades de la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN

Prioridades de la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN

La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) ha determinado sus prioridades para monitorear y aplicar la ley en contra de las entidades y personas que no cumplan con la responsabilidad de reportar el Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI). 

La regla final de la FinCEN sobre el reporte BOI, entró en vigor el 1 de enero de 2024. FinCEN emitió una plantilla para los informes de beneficiarios reales, y se encuentra revisándola en respuesta a las críticas recibidas tanto del Congreso como de ciertos sectores de la industria. La Ley CTA exige que las empresas informantes recién formadas (desde 2024) envíen su reporte sobre beneficiarios finales a FinCEN dentro de los 90 días posteriores a su formación. Para las empresas informantes registradas antes del 1 de enero de 2024, la fecha límite para presentar información sobre sus beneficiarios finales es el 31 de diciembre de 2024.

FinCen enunció entre sus prioridades a cumplir, los siguientes puntos:

  • Revisar sus estándares para el cobro de reclamaciones federales (31 CFR Partes 900-904).
  • Proponer un reglamento para el Establecimiento de Prioridades Nacionales de Examen y Supervisión.
  • Proponer un reglamento para los Informes y Registros de Transacciones Inmobiliarias.
  • Proponer revisiones a los requisitos de debida diligencia del cliente para instituciones financieras.
  • Emitir una regla final para un programa piloto sobre intercambio de información relacionada con informes de actividades sospechosas dentro de un grupo financiero.
  • Emitir una norma final sobre el acceso y las salvaguardias de la información sobre los beneficiarios reales y el uso de identificadores FinCEN para las entidades.
  • Iniciar un estudio a largo plazo de Modificaciones a la Definición de Corredor o Distribuidor de Valores (Crowdfunding).
  • Iniciar un estudio a largo plazo sobre la aclaración del requisito para recopilar, retener y transmitir información sobre transacciones que involucran monedas virtuales convertibles y activos digitales con estatus de curso legal.
  • Iniciar un estudio a largo plazo sobre los requisitos para ciertas transacciones que involucran moneda virtual convertible o activos digitales.
  • Comenzar un estudio a largo plazo sobre la Sección 6110 de la Ley de Secreto Bancario que involucra a comerciantes de antigüedades y artes.
  • Iniciar un estudio a largo plazo sobre informes y registros de transacciones de bienes raíces comerciales.

Los datos del reporte BOI que FinCEN recopila de las empresas que informan a FinCEN se conservarán en una base de datos del «Sistema Seguro de Propiedad Real» o «BOSS». FinCEN emitió un Aviso de propuesta de reglamentación con respecto a cómo varias entidades accederán a BOSS (la «Regla de Acceso»). Tanto los defensores de la industria como fuentes del Congreso criticaron la Regla de Acceso y FinCEN reconoció esas críticas y prometió cambiar su enfoque. FinCEN aún no ha emitido un nuevo informe con respecto a la regla de acceso.

Un aspecto clave de la Ley CTA es que se suponía que BOSS sería “muy útil” para los bancos e instituciones financieras, quienes actualmente están obligados a recopilar información sobre beneficiarios reales de sus clientes en un conjunto separado de regulaciones bajo la Ley de Secreto Bancario. 31 CFR 230. FinCEN emitió regulaciones para armonizar los requisitos de información sobre beneficiarios finales de la Ley CTA con las obligaciones de recopilación de datos sobre beneficiarios reales de los bancos según su regla de diligencia debida del cliente. El último anuncio de FinCEN confirmó que la Regla de Informes ya entró en vigor el 1 de enero de 2024.

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Riesgos de reportar BOI sin asesoría legal

Riesgos de reportar BOI sin asesoría legal

Uno de los aspectos más importantes a considerar dentro de la nueva Ley de Transparencia Corporativa (CTA), son los riesgos que se corren al realizar un reporte del Informe de Propiedad Beneficiaria (BOI) sin el debido asesoramiento. Inclusive el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dentro de la Red de Control de Delitos Financieros advierte a los contadores públicos en el cuidado de realizar los reportes BOI, por lo que supone un riesgo significativo en el caso de que los accionistas de las empresas lo hagan sin contar con el apoyo de un abogado entendido en el tema.

¿A quién se le considera declarante en los reportes BOI?

La Sección 380(g)(1) de la Norma de Presentación de Informes establece que la “persona” que presenta un reporte BOI puede ser un individuo, una empresa, u otra entidad. FinCEN incluye en este concepto el hecho de que cualquier persona a quien la empresa informante autorice a actuar en su nombre (un empleado, el propietario o un proveedor de servicios externos), puede presentar un reporte BOI a nombre de la empresa informante.

Desde una perspectiva que disminuye los riesgos, es muy importante considerar que el administrador de la empresa debería ser la persona que autoriza y presenta el reporte BOI ante FinCEN con el debido asesoramiento de un abogado o de una organización respaldada legalmente.

¿Quién asume la responsabilidad legal de presentar un reporte BOI?

La Sección 380(g)(4) establece que: “si una persona no reporta información completa o actualizada sobre el beneficiario real a FinCEN, con respecto a una entidad: (i) dicha entidad está obligada [por ley] a reportar información a FinCEN, (ii) la compañía que informa no reporta dicha información a FinCEN, y (iii) dicha persona causa la falla o es un alto funcionario de la entidad en el momento de la falla”.

Esto quiere decir que  la responsabilidad por la información que fue requerida (pero que no reportada o fue reportada con errores) recae en los altos directivos de la empresa informante y en cualquier persona que “cause la falla”. La frase «cause la falla» puede aplicarse a una persona que proporciona información falsa o que se niega a proporcionar la información precisa que se requiere en el reporte BOI.

Adicionalmente cuando nos referimos a las Preguntas Frecuentes publicadas por FinCEN en lo que corresponde a la pregunta K.3 claramente explica dos puntos específicos:

  1. ¿Se puede considerar responsable a una persona que presenta un informe en nombre de una empresa informante?

    . Una persona que presente intencionalmente un reporte de información sobre beneficiarios reales que sea falso o fraudulento en nombre de una empresa, puede estar sujeta a las mismas sanciones civiles y penales de la empresa que informa y sus altos funcionarios.

  2. ¿Se puede responsabilizar a un beneficiario final o a un solicitante de empresa por negarse a proporcionar la información requerida a una empresa que presenta informes?

    . Como se describió anteriormente, se puede interponer una acción coercitiva contra una persona que intencionalmente provoque que una empresa informante no presente información completa o actualizada sobre el beneficiario real a FinCEN. Esto incluiría a un beneficiario final o a un solicitante de empresa que intencionalmente no proporciona la información requerida a una empresa que presenta informes.

Y las consecuencias de realizar un reporte BOI sin un asesoramiento legal calificado, podrían traer perjuicios económicos, como también los reconoce el FinCEN en la pregunta K2. ¿Qué sanciones enfrentan las personas por violar los requisitos de presentación de informes de la BOI? Como se especifica en la Ley de Transparencia Corporativa, una persona que intencionalmente viole los requisitos de presentación del reporte BOI puede estar sujeta a sanciones civiles de hasta $500 por cada día que continúe la violación. Sin embargo, el monto de esta multa civil se ajusta anualmente según la inflación. Al momento de publicación de estas preguntas frecuentes, este monto es de $591.

Una persona que viole intencionalmente los requisitos de presentación del reporte BOI también puede estar sujeta a sanciones penales de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 10,000 dólares. Las posibles violaciones incluyen no presentar intencionalmente un reporte de información sobre beneficiarios reales, presentar intencionalmente información falsa sobre beneficiarios reales o no corregir o actualizar intencionalmente información sobre beneficiarios reales previamente reportada.

Conclusión

Cualquier persona física o jurídica puede ser un “presentador” de un reporte BOI. Considerando esto, es sumamente importante que el “presentador” esté asesorado legalmente por un profesional certificado o por una organización que se especializa en asesorar legalmente a dueños de negocios, sociedades, corporaciones y empresas subsidiarias.

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